Noticias

Junio 26 Solicitan diputados acciones que garanticen espacios adecuados para niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad



La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, se adecue la infraestructura en algunas instituciones educativas, para las y los alumnos que padezcan alguna discapacidad y que acuden a las escuelas de educación básica.
Dentro del exhorto se señala que con dichas acciones, el Gobierno del Estado garantizará los derechos del sector poblacional en mención, ello en apego a las obligaciones derivadas de la Ley Estatal de Educación y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua.
Asimismo, se solicitó que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019, se destinen más recursos financieros para Chihuahua, los cuales habrán de aplicarse al Programa para la Equidad y la Inclusión Educativa, con el propósito de abatir las debilidades existentes en infraestructura física en las escuelas de educación básica, respecto a la accesibilidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Dentro del exhorto se señala también la petición para que el Ejecutivo Estatal destine recursos del erario estatal, para abatir con premura la falta de una infraestructura adecuada para la accesibilidad de personas con discapacidad en las escuelas de educación básica de nuestra entidad y garantizar los derechos a la educación inclusiva y la no discriminación.
Por último es importante que el exhorto se sustenta en que sólo 1 de cada 10 niños con necesidades educativas especiales recibe atención especial, sólo 3 de cada 10 escuelas cuentan con rampas e instalaciones adecuadas en aulas y sanitarios para personas en condición de discapacidad móvil, esto de acuerdo al Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal, 2016, el cual es una herramienta utilizada por una Organización Civil de alcance nacional, que mide qué tanto cumplen las autoridades con su obligación de garantizar el derecho a aprender de todos sus infantes y jóvenes.