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Diciembre 24 Reforma Congreso la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación al Registro Estatal de Deudores Alimentarios


Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de integrar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
El documento fue presentado al Pleno para su votación, por la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, en voz del diputado Humberto Chávez Herrera; quien señaló que dentro de las adecuaciones realizadas, se estableció como obligación de la Secretaría General del Tribunal Superior, el integrar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios del Poder Judicial del Estado y remitir la información que le sea solicitada por la autoridad correspondiente.
Refirió que las personas titulares de los tribunales de primera instancia, deberán remitir a la Secretaría General, las resoluciones ejecutoriadas en materia de alimentos que hayan sido incumplidas y sean de su conocimiento, de acuerdo con la respectiva ley; asimismo, habrán de ejercer todas las demás facultades que les señalen las leyes, así como los reglamentos y acuerdos generales que para tal efecto expida el Consejo.
Agregó que fue añadido un artículo 200 Bis, en el cual se detalla que el Instituto de Justicia Alternativa deberá remitir a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia los acuerdos en materia de alimentos que hayan sido incumplidos y sean de su conocimiento.
Una vez que entre en vigor el Decreto que realiza las modificaciones presentadas, el Congreso del Estado emitirá la ley correspondiente para regular la operatividad del Registro Estatal de Deudores Alimentarios del Poder Judicial del Estado, en un plazo máximo de 180 días.
Por último, el Legislador agregó que, las adecuaciones realizadas, permitirían también cumplimentar con el requisito señalado en el artículo 8, numeral 1), inciso e) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y así se garantizará que quienes pretendan acceder a un cargo de elección popular, y, en su caso, lo obtengan, cuenten con la ética suficiente para su cabal desempeño, lo cual, sin duda, abonaría a la construcción de un verdadero Estado de Derecho.