El Congreso del Estado de Chihuahua, por conducto de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en plena coincidencia con todos los Diputados que la conformamos, y en un ejercicio de colaboración y coordinación con el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y por supuesto con la sociedad chihuahuense, además de proponernos estar acordes con los estándares internacionales en materia de transparencia, hemos emprendido acciones de manera conjunta a efecto de “consolidar una cultura proactiva y de máxima publicidad en los temas de transparencia y acceso la información”.

Para abordar correctamente esta perspectiva, debemos ubicarnos en un contexto histórico y recordar que desde hace por lo menos cuatro décadas, el mundo entró en un dinámico proceso de cambios de todo orden y México no fue la excepción. La formación de grandes bloques de naciones para la promoción, fomento y defensa de sus intereses comerciales y financieros; la creciente interdependencia económica entre los países; la acentuación de la competencia internacional y la globalización, fueron y son los factores más decisivos de dicho proceso de transformación que hoy vivimos.

Por otra parte, la propia dinámica de nuestro país en por su crecimiento demográfico, en cuanto a su acelerada transformación de primordialmente rural a fundamentalmente urbano; el avance del proceso educativo de las grandes masas; el dinámico proceso de industrialización, los avances tecnológicos, y más recientemente las reformas estructurales que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, además de que en el año de 2003 a nivel federal y en el caso de nuestra entidad en el 2005, fueron expedidas las respectivas leyes de transparencia y acceso a la información pública, hacen no sólo necesario, sino urgente que el Congreso del Estado sea ejemplo de que sus decisiones se sustentan en la base ciudadana.

La acción concurrente de estos factores externos e internos está modificando radicalmente nuestras concepciones políticas y la estructura misma de nuestras instituciones, entre ellas las legislaturas estatales, y consideramos que los cambios que se están dando se relacionan fundamentalmente con dichos factores, pero además del federalismo, estado de derecho, cultura de la legalidad y democracia, el factor trasparencia es crucial.

La democracia, a la par que un concepto y un hecho histórico, es una institución política; es un ideal en tanto exigencia política intrínsecamente valiosa, y por lo tanto un valor que inspira a la conducta social y que ésta nunca logra realizar plenamente.

Pero también es una institución política actuante, con sus virtudes y defectos, con sus aciertos e insuficiencias, objeto de una polémica inacabable y también de una permanente lucha civilizadora.

Desde el punto de vista de la acción legislativa la transparencia nos plantea diversos retos:

1. El primero de ellos es cualitativo o fidelidad de los representantes en cuanto a la interpretación justa de la voluntad de los representados; es decir, todo lo que concierne al justo desempeño del mandato popular, con plena transparencia de los procesos;
2. El aspecto participativo de los gobernados, es decir, su concurrencia en el proceso legislativo a través de la consulta pública y de la formación de los consensos;
3. La construcción de consensos parlamentarios sobre la base del respeto a la pluralidad y a la diversidad de posiciones político ideológicas.

Fortalecer el Poder Legislativo conlleva necesariamente una mayor y mejor comunicación entre representantes y representados para garantizar en el ejercicio de la función legislativa el estricto apego al mandato del pueblo, con una comunicación clara y permanente, revestido todo esto con acceso a la información y los principios de transparencia, es nuestro objetivo.

Afirmamos que se debe alentar también, la democracia participativa, pues la tarea de legislar debe ser una acción permanente de validación pública de tesis, de búsqueda de consensos y de plena apertura a las aportaciones ciudadanas que se derivan de consultas, pues la herramienta más efectiva con que cuenta la democracia se llama dialogo. Por tal razón, afirmamos que en esta materia nuestro reto es preservar, defender y fortalecer el estado de derecho.

Los legisladores no debemos perder de vista que somos la voz del pueblo en el Congreso, y debemos ser capaces de defender sus más justas banderas; demostrar y acreditar congruencia entre el pensar, decir y actuar; ser respetuosos en el trato con los diversos grupos parlamentarios y con los poderes ejecutivo y judicial; tener efectiva capacidad de gestión ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para promover la solución de los más ingentes problemas sociales.

Nuestro trabajo legislativo debe ser eficaz y congruente con las necesidades de la sociedad, pues las leyes, además de normas que establecen un orden, son dispositivos que inducen a la acción en pos de determinados objetivos.

Cumplir con este mandato popular ciertamente es responsabilidad esencial de los legisladores, pero ello no puede ser posible si se prescinde de la participación ciudadana en el proceso legislativo, y en este caso, los ciudadanos en lo particular y las organizaciones de la sociedad civil, se convierten no sólo en entes evaluadores, sino en aliados que nos muestran que nuestro actuar debe ceñirse a estándares incluso internacionales de transparencia, por el derecho de convencionalidad.

Iniciamos una nueva etapa más cercanos y de la mano de la sociedad, que esperamos sea la era de un Congreso y un Gobierno transparentes, en constante interactuación con la sociedad.

Dip. Rodrigo de la Rosa Ramírez
Presidente del Congreso