22 de julio de 2021. Las y los diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, aprobaron el decreto mediante el cual se reforma el Artículo 168, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con la capacitación de las y los funcionarios y empleados que manejen recursos públicos, a efecto de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo.
Este dictamen, fue presentado por el diputado Francisco Humberto Chávez Herrera integrante de la Comisión de Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales durante Sesión Extraordinaria realizada vía virtual y/o remota, y quien expresó que esto, es resultado de la iniciativa presentada por el diputado Jorge Soto Prieto.
Reiteró que la modificación antes mencionada a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, establece: “asimismo, deberá asistir a los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación que implementen las instituciones especializadas en la fiscalización de recursos públicos, a efecto de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo”.
Además, estableció que dentro de los transitorios, conforme a lo dispuesto por el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, envíese copia de la iniciativa, del dictamen y del Diario de los Debates del Congreso, a los Ayuntamientos de los sesenta y siete Municipios que integran la Entidad y, en su oportunidad, hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada la presente reforma constitucional.
El expositor detalló que dentro de las consideraciones, la Comisión en mención, encontró que la corrupción es un grave problema que amenaza la estabilidad y seguridad de las sociedades al quebrantar las instituciones, los valores de la democracia, la ética, la justicia, compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la Ley.
“La Comisión establece que la corrupción en la gestión de los recursos públicos compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones de derechos sociales, incluidos salud, educación, agua, transporte o saneamiento, que resultan esenciales para la plena tutela de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y en particular de las poblaciones y grupos en condición de mayor vulnerabilidad”, apuntó el Legislador.
Por último, recordó que a la fecha, existe y opera el Sistema Nacional Anticorrupción, y que vale la pena resaltar que en el ámbito estatal el 30 de agosto de 2017, se publicó la reforma a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en la cual se adicionan y derogan diversas disposiciones a efecto de adecuar el marco jurídico a las previsiones de la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción y, con ello, implementar el Sistema Estatal Anticorrupción.