05 de diciembre de 2017. MORENA ANTE LA APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que para una nueva Ley de Seguridad Interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control social interno.

Con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el jueves pasado dicha Iniciativa, En la sesión, en el momento de la votación general, no estuvieron presentes 87 diputados.

Votaron a favor las bancadas del PRI (183) y el Partido Verde Ecologista de México (35 diputados). También 14 panistas, dos perredistas, nueve legisladores de Nueva Alianza, y 9 del PES.

Votaron en contra 17 diputados del PAN, 39 del PRD, 39 de Morena, 17 de Movimiento Ciudadano, y 1 independiente.

Hubo 48 abstenciones, todas de panistas.

Tras la aprobación en lo general, fueron presentadas 101 reservas a la misma, con la participación de 44 oradores, 4 del PAN, 22 del PRD, 11 de Morena, 6 de Movimiento Ciudadano y del PES.

La aprobación de dicha Ley, implica ya una transformación radical en el papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de “seguridad nacional”. Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Sin embargo, esta Ley, habilita a los militares para involucrarse también directamente en asuntos de “seguridad interna”. Y este concepto lo define de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”.

Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarán exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del “orden” interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autoriza formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país.

Desde que Felipe Calderón sacó a los militares masivamente a las calles en 2006, supuestamente para combatir al narcotráfico, el gobierno federal ha dicho que la militarización de la seguridad pública era necesaria como una medida estrictamente temporal, mientras se avanzaba en el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales.

Hoy, 11 años más tarde, vemos que Calderón mintió desde el primer momento. La profesionalización policiaca nunca avanzó y ahora los partidos del Pacto por México han decidido simplemente reemplazar a los policías con militares.

Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto al Código de Justicia Militar, como al Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje directo a comunicaciones personales.

Con la Ley de Seguridad Interior se consolida y se expande esta lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al ministerio público en la investigación de delitos cometidos incluso por civiles. También abriría la puerta para un sistema de espionaje político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar cualquier medio de recolección de información.

Aún más preocupante es, que esta nueva Ley busca darle la vuelta al procedimiento plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la suspensión de garantías en casos de “perturbación grave de la paz pública”. Aquel procedimiento constitucional obliga al Presidente a recibir la autorización del Congreso de la Unión y requiere que la suspensión sea forzosamente “por un tiempo limitado”.

En contraste, la nueva Ley permitirá al Presidente de la República realizar de manera unilateral una declaratoria de afectación a la seguridad interna, y para un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizará la presencia castrense en nuestras calles, con todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los derechos humanos y la libertad de tránsito, de expresión y de reunión.

El representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, Jan Jarab, llamó al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior, como lo hicieron el jueves pasado los diputados federales.

Dijo que este ordenamiento legal es muy ambiguo y atípico con respecto a lo que el resto del mundo está haciendo actualmente para combatir al crimen. Y que es muy preocupante que se pretende no sólo mantener, sino aumentar el carácter militarizado de la política de seguridad en México.

El funcionario de Naciones Unidas aseguró que en la ONU pensaban que la Ley de Seguridad Interior tendría un carácter “más transformativo”, una salida al paradigma militar, pero no lo hay.

La ONU anticipó que, con esta nueva ley, se pretende someter a la autoridad civil ante la militar. Por ejemplo, establece que corresponderá a los secretarios de la Defensa o de la Marina proponer a un comandante para dirigir los grupos interinstitucionales en misiones de seguridad.

Una muestra de ambigüedad en la ley es que las fuerzas armadas pueden ser enviadas por el Poder Ejecutivo a cualquier zona del país con o sin una declaratoria de riesgo. ¿Para qué sirve esta declaratoria entonces?

El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos también mostró su preocupación por la posibilidad de que las fuerzas armadas actúen contra manifestaciones que se consideren violentas. En todo caso, una manifestación que se torna violenta debe ser atendida por las policías, dijo.

Otro tema es el “proceso tan precipitado” por medio del cual se aprobó esta ley, por lo cual organizaciones internacionales han mostrado su rechazo a la misma. Los grupos Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), Robert F. Kennedy Human Rights, y World Organisation Against Torture (OMCT) señalan que "Formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México, incluidas la reforma del sistema penal acusatorio del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011 y la reforma del 2014, que restringió el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles".

Hasta el presidente de la CNDH, Luis Raúl Gonzaléz Pérez, indicó que el organismo presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta aprobación es preocupante. No podemos permitir que se normalice la participación de las fuerzas armadas en labores policiales, pues llevamos décadas documentando las violaciones de derechos humanos que prevalecen bajo el uso sostenido de las fuerzas armadas; al contrario, se tiene que pensar en un retiro progresivo a la par de una profesionalización de la policía. Dar más poder a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública sólo traerá como consecuencia un aumento de la violencia, la impunidad y las graves violaciones a los derechos humanos. Por lo anterior, es que la Fracción Parlamentaria de MORENA en el Congreso del Estado, alentamos al Senado para que no apruebe este proyecto de Ley, que se impulse una discusión pública, abierta, inclusiva, sobre el modelo de seguridad que el país necesita, y que todos los mexicanos merecemos.