26 de abril de 2018.

Los diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado aprobaron un proyecto de iniciativa de decreto, dirigido al Congreso de la Unión, para que la mitad de las armas decomisadas en hechos delictivos se queden en la entidad donde fueron decomisadas.
Lo anterior, con el fin de que sean entregadas a las fuerzas policiacas locales y de ese modo se tenga mayor fuerza de ataque en contra del crimen organizado, indicó la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local.
De esta manera se propuso la modificación del artículo 88 de la ley federal de armas de fuego y explosivos, en el que se estipule que armas serían destinadas para las fuerzas policiacas locales, a fin de darles mayor fuerza.
La redacción del artículo 88 propuesta, quedó de la siguiente manera:
“Artículo 88.- Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo, serán decomisadas para ser destruidas. Se exceptúan las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se destinarán a dichas instituciones, las decomisadas por las fuerzas policiales de las entidades federativas que serán destinadas en una mitad a la entidad federativa en cuyo lugar se realizó el decomiso y en otra mitad al Ejército, Armada y Fuerza Aérea de acuerdo al reglamento de esta Ley, y las de valor histórico, cultural, científico o artístico, que se destinarán al Museo de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social”.
En otro tema de la misma Comisión se exhortó al Poder Ejecutivo Estatal de Chihuahua y a sus 67 municipios, para que a través de sus dependencias generen de manera coordinada un protocolo de actuación en materia de seguridad en instituciones educativas de la Entidad.
Así lo solicitaron los diputados, a la Fiscalía General del Estado, Coordinación Estatal de Protección Civil, Comisión Estatal de Seguridad, la Secretaría de Educación, y las direcciones de Seguridad Pública de los municipios de la Entidad.
Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública resaltaron la necesidad de implementar instrumentos jurídicos que coadyuven al interés superior de la niñez, mecanismos que podrían ser manuales, protocolos y/o capacitaciones en caso de emergencias, lo que ayudaría a cuidar la, vida, salud e integridad de la niñez.
Con estas medidas se busca proteger a las y los alumnos y personal de las instituciones educativas, en el que se pretende enseñar a los estudiantes y maestros cómo actuar frente a situaciones de riesgo, como las antes mencionadas.