11 de junio de 2018.
El Congreso del Estado de Chihuahua expidió la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Alternativa, dicho órgano forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en la coordinación de autoridades para la ejecución de todas aquellas políticas públicas y procedimientos encaminados en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es el órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública, Estatal y Municipal, y particulares.
Se integrará por tres magistraturas, una de las cuales lo presidirá de conformidad con las reglas establecidas en la presente Ley. Funcionará en Pleno y en tres ponencias instructoras, y el Pleno tendrá cada año dos períodos de sesiones.
Asimismo, impone las sanciones a las y los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a quien resulte responsable el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
Lo anterior, a fin constituir los órganos que integran el SEA y adecuar el marco normativo de las dependencias de la Administración Pública Estatal a las nuevas facultades que tendrán con motivo de la entrada en vigor de dicho sistema.
Tras el análisis realizado en la Comisión Especial Anticorrupción de este Congreso, se modificaron diversos ordenamientos jurídicos y se dictaminó lo relativo a la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así como las reformas a la Constitución Política del Estado que en la iniciativa se contemplan, por referirse en su mayoría, al Tribunal señalado.
Cabe mencionar, que se impondrán, mediante juicio político, cuando los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Podrán ser sujetos a juicio político, además las y los secretarios de estado, quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, quienes integren los Ayuntamientos, las y los Directores Generales o sus equivalentes en las entidades paraestatales y paramunicipales, y las y los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y las disposiciones legales aplicables.
Es importante señalar, que el proceso para la designación de las magistraturas deberá llevarse a cabo en plazo no mayor de 40 días a la entrada en vigor de la Ley.