25 de octubre de 2018. H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-
La suscrita Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz del Grupo Parlamentario del Partido Morena, miembro de la Sexagésima Sexta Legislatura, con fundamento en lo previsto por el artículo 68, fracción I, de la Constitución del Estado, comparezco ante este Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a presentar el posicionamiento de la Asamblea Marea Verde Chihuahua con motivo del contexto actual sobre las iniciativas encaminadas a despenalizar la interrupción del embarazo.
Posicionamiento
La Asamblea Marea Verde Chihuahua se consolida en el marco de los movimientos de América Latina y México por la despenalización del aborto. Somos un grupo totalmente horizontal de mujeres feministas que buscamos incidir en el ámbito político para lograr la despenalización de la interrupción del embarazo y en el ámbito social para terminar con prejuicios que han impedido que niñas, adolescentes y mujeres mexicanas puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos.

Diputadas y diputados de la sexagésima sexta legislatura, en voz de la legisladora que hoy está aquí en tribuna, les recordamos que el debate sobre la despenalización no tiene nada que ver con sus posturas a favor o en contra, sino en si este se mantiene en la clandestinidad o se responde a una deuda que tiene el Estado, del cual ustedes forman parte, con las mujeres mexicanas, es decir el garantizarles su salud reproductiva.

El tema del aborto debe ser una cuestión de salud pública, no un privilegio de clase. Las mujeres que deciden no continuar con su embarazo, lo harán independientemente de si es legal o no o si ustedes como legisladores y legisladoras están a favor o en contra, sin embargo, aquellas mujeres con cierta capacidad económica tendrán las posibilidades de viajar a la Ciudad de México o a Texas o tendrán acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para practicar un aborto seguro en casa.

Están condenando a las mujeres más pobres, son ellas las que tienen más posibilidades de riesgos en su vida por un aborto inseguro, son ellas las que pugnarán una pena en prisión, y aquí es fundamental señalar que Chihuahua es de los estados con mayores penas privativas de la libertad y a la fecha hay 24 mujeres encarceladas que no pudieron pagarse la posibilidad de llevar un proceso en libertad. Exigimos su liberación.

La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la ilegalidad y la criminalización del aborto solo impactan en la inseguridad de los procedimientos y sus consecuentes efectos en la vida, la salud y la libertad de las mujeres, más no de su incidencia, además que las consecuencias jurídicas de ser sometidas a un proceso penal e incluso ser privadas de la libertad, genera un estigma que puede provocar graves afectaciones en su entorno social.

El acceso al aborto legal y seguro es parte de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derechos las mujeres y se fundamentan en los derechos a la vida; la salud; la integridad física; la vida privada; la no discriminación; y la autonomía reproductiva de las mujeres. Todos estos respaldados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo primero y el artículo cuarto, y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece en su recomendación general número 24 sobre la mujer y la salud que la negación de servicios de salud que solo las mujeres necesitan, es discriminación.

Aquellos que con su desinformación, prejuicios y estigmas están intentando manipular a la sociedad para ir en contra de esta opción, les queremos decir que también están disminuyendo las posibilidades de que una niña o adolescente acceda a la interrupción legal por violación o por riesgos en su salud debido a la falta de aplicación de la Norma 046. Ninguna mujer en esas edades está preparada para enfrentar un embarazo y el parto se vuelve de alto riesgo. La opción de interrumpirlo debería de darse y en lugar tenemos una omisión del Estado, violentando la protección a su salud que merecen y que está constitucionalmente tutelada.

Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asociación que da acompañamientos a mujeres presas y ha documentado casos de mujeres arrestadas por abortos espontáneos, el acceso a la interrupción por las causales que contemplan los códigos penales estatales es casi nulo. México se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial en embarazo infantil y adolescente, Chihuahua es el primer estado de la República Mexicana con estas incidencias. Informes detallan que muchos de estos casos son por violaciones y ellas se han convertido en madres, cuando deberían tener el acompañamiento del Estado para garantizarles el acceso a la interrupción.

En los casos en los que no hay violación, nos evidencia que la educación sexual en México no ha funcionado y el Estado con esta obligación constitucional también ha sido omiso. Por eso nuestros pilares fundamentales son: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Urgimos a las y los representantes del Estado Mexicano a implementar políticas de educación sexual integral, respetando el estado laico y apegadas a la ciencia, y también a que la opción de interrumpir un embarazo sea una realidad en el país. No estamos ni imponiendo ni promoviendo el aborto, estamos exigiendo su despenalización para las mujeres que en el ejercicio de su autonomía y su ciudadanía decidan interrumpir su embarazo, porque la maternidad será deseada o no será.

Exigimos que se legisle apegados a los argumentos jurídicos presentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentenciaque declara constitucional la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en la cual se establece que si bien el embrión es un bien jurídico tutelado no es un sujeto de derechos fundamentales porque esto iría en contra de los derechos adquiridos por la persona ya nacida, es decir la mujer.

Y como lo dejó claro el ministro Valls Hernández dentro de la argumentación: “Si bien el legislador debe proteger la vida en gestación no puede afectar en forma desproporcionada los derechos de la mujer, no es constitucionalmente admisible que el legislador, con la finalidad de proteger la vida en gestación, sacrifique, en forma absoluta, los derechos fundamentales de la mujer embarazada, considerándola entonces como un mero instrumento de la vida en gestación”.

Para cerrar dejamos una cita de Silvia Federici “La violencia contra las mujeres es una forma de sabotear la lucha, en definitiva, de cualquier forma, de cambio social”.

Marea Verde Chihuahua a 25 de octubre de 2018.