30 de octubre de 2018.


Dip. Francisco Humberto Chávez Herrera.

La semana pasada Chihuahua fue una vez más, el protagonista en la nota roja a nivel nacional, el atroz asesinato de la niña Seyni Camila Cobos, a quien se le arrebató la vida de la forma más miserable y ruin que podemos conocer, en circunstancias que han conmovido y enfurecido a los chihuahuenses, no solo por la monstruosidad del acto, sino por la ausencia de autoridades que evitaran y detuvieran el crimen.
Chihuahua está sumergido en un mar de sangre, de violencia, de ausencia de estado de derecho, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión para quienes desde la perversión y los intereses personales, buscan y aprovechan la falta de gobierno para cometer todo tipo de delitos, siendo las personas más vulnerables, por su circunstancia económicas, los principales afectados de esta lamentable realidad por la que estamos pasando.
Otra niña fue raptada en Chihuahua, violentada y asesinada de la forma más cruel, ante la expectativa y dolor de sus familiares, así como los ciudadanos que se expresaron desde el primer día, y que exigían a las autoridades dar con su paradero, urgieron la pronta atención de las corporaciones de seguridad, para que su fin no fuera otra cifra más, de un feminicidio en Chihuahua, sin embargo, tres días después, con un nudo en la garganta, no enteremos del asqueroso y ruin final de Camila.
Ahora, los ciudadanos se preguntan, ¿Dónde estuvieron las autoridades para vigilar que este hecho no sucediera?, ¿Cómo actuó la policía para perseguir el vehículo sospechoso?, ¿qué tan efectivo resultó el sistema de vigilancia “permanente” que tanto nos cuesta a los chihuahuenses?
Camila fue raptada en el centro de la ciudad, a plena luz del día, a escasos metros de donde vivía, y recientemente había llegado, no hubo autoridad ni poder alguno que dieran con ella, sino hasta tres días después cuando su cuerpo fue encontrado en una brecha a las afueras de la ciudad, ¿Dónde estuvo Camila esos tres días?
Los habitantes de esta ciudad, una vez más nos hemos estremecido con esta historia, que se repite y se repite, la desaparición de menores, el asesinato de mujeres y niñas, la inseguridad e impunidad rampante que permite que estos crímenes sigan siendo el pan de cada día de la vida en Chihuahua.
¿Qué han hecho las autoridades de los tres órdenes de gobierno para frenar la ola feminicida en Chihuahua?, ¿por qué no se han aplicado programas o acciones que detengan que sigamos siendo de los primeros lugares de desaparecidos, violaciones, asesinatos de mujeres? ¿Dónde están las organizaciones que defienden a las mujeres para exigir la alerta de género?, esta misma legislatura, ¿por qué no nos hemos pronunciado para que la alerta sea emitida?
Desde el 2016, se comenzó a registrar el aumento de la violencia, de los asesinatos, de los feminicidios, las cifras no se han detenido, al alza los hechos violentos, así como las circunstancias que facilitan que grupos criminales lucren con la pobreza, la comercialización y consumo de drogas, la trata de personas, las violaciones.
Este año, se sumaron 12 entidades para la activación de la alerta de género, para que sea efectiva la declaratoria, es necesario que organizaciones de la sociedad civil presenten una solicitud de Alerta de Violencia de Género a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la cual lanza una convocatoria para integrar Grupos de Trabajo de expertos que analizan la petición y emiten un informe con recomendaciones que los gobiernos estatales deben implementar. Tras cumplir con las observaciones la Secretaría de Gobernación decide si procede o no la declaratoria de emergencia. En Chihuahua este procedimiento no se ha realizado, a pesar del incremento de feminicidios.
Urge que los tres niveles de gobierno atiendan este problema, pues son los más pobres, quienes mayormente son víctimas de estos delitos, Camila y su familia, tenían pocos días habitantes tal vivienda, provenían de una colonia a las orillas de la ciudad, donde estos delitos se han registrado principalmente.
En Chihuahua, miles de menores de edad, están vulnerables, en condiciones de pobreza y desamparo, debido a que sus padres tienen que trabajar para sostener los gastos, por lo que niños y niñas han quedado a merced de su suerte, ante la ausencia de una prevención del delito en Chihuahua, es la autoridad municipal la principal encargada de que estos menores no terminen como Camila y es la autoridad estatal y federal de investigar a todos los implicados en este y otros feminicidio y rapto de menores, pues desde hace años se tiene el conocimiento, de la posible operación de una red de trata de menores en el estado, principalmente en Chihuahua y Juárez.
Los ciudadanos no son culpables de que estas circunstancias existan, tampoco se debe responsabilizar a los padres, cuando estos no tienen el acceso a estancias de cuidado infantil, sin embargo son los ciudadanos quienes más han manifestado estar alertas ante tal crimen, la solución a este problema no está en exigir la pena de muerte, solo para hace estridencia ante una comunidad encolerizada, debemos como autoridad, atender el fondo del problema, la pobreza y la desigualdad, la corrupción y la impunidad rampante que impera en Chihuahua y nuestra sociedad, y somos nosotros quienes desde el Poder Legislativo, podemos y debemos exigir que se atienda la raíz de este mal que carcome nuestra sociedad, y así evitar que la historia de Camila se repita.




DIP. FRANCISCO HUMBERTO CHÁVEZ HERRERA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA