12 de noviembre de 2018. El pasado jueves 8 de noviembre, la Senadora Olga Sánchez Cordero presentó, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, una iniciativa que pretende expedir la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis, que normará el uso de la mariguana con fines personales, científicos y comerciales.

La Senadora explicó que en la nueva Ley se establece que toda persona tiene derecho a portar hasta 30 gramos de cannabis. Quienes requieran más, tendrán que solicitar un permiso al Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis, que tendría el carácter de órgano descentralizado, y será el encargado de regular, reglamentar, monitorear, sancionar, y evaluar el sistema de regulación del enervante.

La propuesta a que se ha hecho referencia plantea que una persona que consuma mariguana podrá hacerlo en la vía pública, a excepción de los espacios cien por ciento libres de humo de tabaco; permite el cultivo de hasta 20 plantas de esta especie por persona para autoconsumo, pero deberán ser registradas en un padrón anónimo y su producción anual no debe rebasar los 480 gramos. Si hay excedentes, deberán donarse para fines de investigación.

Para su uso industrial, la iniciativa autoriza la siembra, cultivo, cosecha, preparación, fabricación, producción, distribución y venta de cannabis.

Su comercialización y la de productos derivados para uso adulto, se delimitará a establecimientos específicos que sólo podrán vender exclusivamente cannabis, sus derivados y accesorios. El Instituto señalado, determinará los puntos de venta autorizados.

Uno de los motivos que llevó a la parte iniciadora a presentar la iniciativa en comento es que, con la pretendida legalización de la mariguana, se abatirían los problemas que genera el narcotráfico en nuestro país y que, según lo expresó la Senadora Sánchez Cordero, ha cobrado la vida de 240 mil personas y existen 40 mil en calidad de desaparecidas.

La problemática social que genera el crimen organizado en nuestro país es innegable, sin embargo, resulta totalmente falso que la legalización de esta sustancia sea la solución para esos conflictos.

Afirmación que sustento en el hecho irrefutable de que los cárteles de la droga seguirán sembrando, cultivando y cosechando otro tipo de plantas para la preparación, industrialización y posterior comercialización del enervante que resulte.

Así pues, las confrontaciones entre los diversos grupos delictivos seguirán aconteciendo y, peor aún, se corre el riesgo de que diversifiquen sus actividades criminales a giros como la trata de personas, tráfico de armas, entre otros. Cuestión que resulta lógica, más nunca justificable, ya que al dejar de percibir ingresos por ese concepto, habrán de desarrollar otras alternativas para seguir allegándose de recursos económicos ilícitos.

Mención aparte merece que de legalizarse la mariguana, su consumo puede aumentarse en la población como consecuencia de la facilidad para su acceso, como ocurrió con el alcohol.

Debemos recordar la etapa histórica de la prohibición del alcohol en Estados Unidos a principios del siglo XX, donde las personas ante la imposibilidad de conseguir de manera legal esta sustancia, la tenían casi proscrita de su vida diaria.

No obstante, con la enmienda constitucional que permitió la libre venta y distribución de alcohol en dicho país, se produjo que todas las personas mayores de edad pudieran acceder a este tipo de bebidas en un sinfín de establecimientos y aún quienes se abstenían ante la prohibición de consumirlas, empezaron a integrarlas a su estilo de vida.

Por lo tanto, podemos advertir que ciertas prohibiciones inhiben en gran medida la realización de algunas conductas, y cuando éstas tienen como fin, como el caso que nos ocupa, salvaguardar la salud de las personas, es que podemos afirmar que son necesarias.

Aunado a lo anterior y según testimonios de personas adictas a drogas como la heroína, cocaína y el cristal, fue la mariguana la primera sustancia que empezaron a consumir, para continuar con otras.

Así como es imposible negar las consecuencias negativas que ha tenido la lucha entre cárteles en nuestro país, tampoco podemos ignorar que la adicción a sustancias enervantes es un problema de salud pública en México.

De igual manera se debe reconocer que de legalizarse la cannabis, en los términos propuestos en la iniciativa que fue presentada en días pasados en el Senado de la República, y aunque si bien se acota que su acceso será exclusivo para personas mayores de edad, va a resultar imposible controlar que esta sustancia llegue con mayor facilidad, que en la actualidad, a las niñas, niños y adolescentes.

No podemos permitir que se normalice el consumo de esta droga ni de cualquier otra. Por lo que, resulta imprescindible que las medidas legislativas y cualquier política pública que se genere, vele en todo tiempo por el interés público.

En este caso en particular, debemos entender que dentro del concepto de interés público se incluye a la salud de todas y todos, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, quienes como consecuencia de la gran curiosidad que tienen, propia de su edad, decidan experimentar con las drogas.
En razón de los argumentos que han quedado antes descritos, puedo afirmar que la Ley que pretende crear la iniciativa a que me he venido refiriendo, de ninguna manera constituye una medida para combatir las muertes, desapariciones ni cualquier otro problema generado por el crimen organizado. Si no que en todo caso, abonaría al incremento en el número de personas adictas.

Por otro lado, no es suficiente el razonamiento de quienes sostienen que la expedición de la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis representa una garantía a la libertad de la persona, ya que cuando se pone en riesgo un bien jurídico de tan alta estima como es la salud pública, deberá optarse siempre por tutelar lo que beneficie, en su sentido más amplio, a la sociedad, y, en este caso, no puede ni debe ser a través de la legalización de la mariguana.