12 de marzo de 2019.
La LXVI Legislatura del Congreso del Estado, exhortó al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para que, en el uso de sus atribuciones, respete el marco constitucional y legal relativo a los Derechos Humanos, así como a derogar las disposiciones que dejan sin recursos las áreas de igualdad de género.
Esto, se presentó ante el Pleno en voz de la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Blanca Gámez Gutiérrez, y añadió que, dentro de este punto de acuerdo, se hará un llamado a las legislaturas de los Estados del país, a que se sumen al exhorto y realicen las solicitudes correspondientes, dado a las repercusiones que se registran.
Determinó que, tanto a nivel nacional, como internacional, se ha legislado y actuado para erradicar la violencia de género contra las mujeres y que se registra una evolución significativa en los últimos diez años, por lo que las acciones que efectúa el Gobierno Federal, son un retroceso a los instrumentos para la no discriminación.
“Existen transformaciones sociales progresivas, surgidas con visión de prospectiva y que hoy son objeto de manipulación que forjan un retroceso legal e institucional, que ha llegado al absurdo de eliminar el recurso económico para las unidades de género de la Cámara de Diputados y la del Senado de la República”, detalló la legisladora.
En este tenor, dijo que Chihuahua se encuentra en el séptimo lugar a nivel nacional en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, mientras que, en abuso sexual, se ubica en la posición cuarta. En base a los datos señalados, afirmó que se debe trabajar para garantizar la seguridad de este segmento de la población en el país y en cada uno de los estados.
“Esto se convierte en un reclamo ante el clima de inseguridad jurídica y política que atenta no solo en contra de los Derechos Humanos de las Mujeres trabajadoras, sino que además afecta de manera directa a las Mujeres víctimas de la violencia, a las niñas y niños bajo la misma condición y con ello a la institución de la familia”, agregó.
Además, señaló que estas políticas públicas empleadas por el gobierno federal, han dado como resultado la restricción del derecho de niños a la educación, a la estimulación temprana, a las condiciones de bienestar, así como ampliar las brechas de desigualdad de género, detrimento a derechos como empleo e independencia económica.
Concluyó al informar que la desaparición de los refugios, la exposición de la seguridad de las mujeres violentadas y sus hijos, vulnerar los derechos humanos de las víctimas, recortes en becas a niños, niñas y jóvenes en educación básica, media superior y superior de Prospera, la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva, entre otros más, son algunas de las vertientes a señalar.