21 de marzo de 2019.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

La suscrita Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en mi carácter de Diputada de la Sexagésima Sexta Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 64 fracciones I y II, y 68 fracción I de la Constitución Política del Estado, así como la fracción I del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta Honorable Asamblea a presentar iniciativa con carácter de Acuerdo a fin de instalar una Mesa Técnica para el análisis de la creación del Código Familiar del Estado de Chihuahua que responda a la realidad social de la entidad y armonizado con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos signados y ratificados por el Estado Mexicano; lo anterior al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 16 el derecho a casarse y fundar una familia sin restricción o discriminación alguna, disfrutando de igualdad de derechos en cuanto al matrimonio. Se señala que la familia es “el elemento natural y fundamental de la sociedad”, teniendo derecho a “la protección de la sociedad y del Estado”.
Una vez considerado lo anterior es necesario hacer mención de que no existe una definición universal de “familia” justamente por la evolución constante de la figura, ante ello, la propia Organización de las Naciones Unidas menciona que frente a la tendencia mundial y la transformación de las últimas décadas, la familia sigue constituyendo la unidad básica de la sociedad.
Haremos mención de que en el año 2013 en los tres Poderes del Estado, mediante acuerdo, crearon una “Comisión Técnica Interinstitucional” conformada por los mismos, para la elaboración de los Códigos de Procedimientos Civiles y Familiares creando mesas técnicas y foros de consulta; los códigos de procedimientos se aprobaron en junio de 2014, se publicaron en el mes de julio y contaron con un espacio de más de un año para su entrada en vigor. En este escenario múltiples organizaciones señalaban la falta que existía ante la aprobación de un código de procedimientos sin contar aún con un código sustantivo familiar, siendo el Código Civil del Estado, publicado en marzo de 1974, el que rige aún la materia, sin considerar la evolución social y las necesidades que el propio derecho familiar presenta.
El Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en su interpretación sobre el derecho familiar (Jurisprudencia: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Marzo de 2011; Pág. 2133):
DERECHO DE FAMILIA. SU CONCEPTO. En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.
El Poder Legislativo, de acuerdo a sus atribuciones, tiene la deuda con la ciudadanía del Estado de crear un Código Familiar que contenga expresiones globales que propicien el mayor bienestar humano, y al considerar que a la fecha no existe iniciativa por parte de esta legislatura, es necesario iniciar con los trabajos de la Mesa Técnica, que permitan un avance significativo para poder entregar una norma que ha estado pendiente por años, así nace el presente proyecto de acuerdo.
Los principios rectores serán los contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos y la familia, los Tratados Internacionales signados por México y ratificados por el Senado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y demás aplicables.
La finalidad será presentar un documento con el contenido necesario para incidir en el Objetivo de Desarrollo Sostenible que hace especial énfasis en la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas para lograr un desarrollo sostenible, destacando así el papel de las familias como un elemento fundamental, los sujetos que las integran y sus relaciones.
Se enfatiza que parte del estudio de la mesa en cuestión será relacionado al matrimonio, divorcio y concubinato; relaciones filiares, derechos y obligaciones, así como la protección de la niñez, la juventud y las personas mayores. La propuesta de la presente iniciativa para la creación de la mesa técnica es la participación interinstitucional por parte de los tres poderes del Estado en el ámbito de sus competencias, el Ejecutivo siendo representado por el Instituto Chihuahuense de la Mujer, así como por el Organismo Desarrollo Integral de la Familia; del Poder Judicial, a quienes se designen por la presidencia, considerando que actualmente se implementa el Código de Procedimientos Familiares; por el Poder Legislativo se consideran las comisiones Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia por ser las comisiones que expidieron los Códigos de Procedimientos, de igual forma se deja la mesa abierta para la participación individual así como de colectivos y miembros de la Sociedad Civil Organizada con la finalidad de fortalecer los trabajos que se desarrollen.
Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente proyecto con carácter de:
A C U E R D O

PRIMERO.- Se crea la Mesa Técnica para el análisis de la creación del Código Familiar del Estado de Chihuahua respondiendo a la realidad social de la entidad y armonizado con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos signados y ratificados por el Estado Mexicano.

SEGUNDO.- La Mesa Técnica se integrará de manera plural conformándose por representantes de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de la Comisión de Justicia.

Se exhortará respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado para que se integren al análisis de esta materia, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, así como del Organismo Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.

Del Poder Judicial del Estado, se exhortara a su presidencia para que se designe al menos a un representante de dicho poder con amplio conocimiento en el tema.

Quienes integren la Mesa Técnica podrán invitar a participar a cualquier otra institución o persona que posea experiencia o conocimientos en la materia.

TERCERO.- La Mesa Técnica preverá las consideraciones pertinentes para la regionalización de sus discusiones y conclusiones.

CUARTO.- La Mesa Técnica se constituye de manera abierta y se extinguirá al cumplir con su objetivo o, en su caso, al término de la Legislatura; la Mesa establecerá sus reglas de funcionamiento, considerando la periodicidad de de sesiones, metodología, medios de notificaciones, entre otros que se consideren oportunos.

QUINTO.- Los documentos que se obtengan de los trabajos realizados por la Mesa Técnica serán puestos a disposición de las Comisiones de Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia, a efecto de que los mismos se analicen y se determine lo conducente por quienes las integren.

Dado en el salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a los 21 días del mes de marzo de 2019.

ATENTAMENTE

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DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO