26 de abril de 2019. Ciudad Juárez, Chih.- El Poder Legislativo de Chihuahua, reformó diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia de requisitos para el ingreso al servicio profesional de carrera, particularmente en lo relativo a la División de Operaciones Rurales.
Entre las adecuaciones realizadas, están la que establece que los integrantes de los sistemas de seguridad, podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio y solo cuando cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia que exige el área al que serán adscritos.
En lo relativo a los requisitos para integrantes de la División de Operaciones Rurales, se exigirá la educación básica; para el resto de la Policía, deberán contar con educación media superior.
La diputada Georgina Bujanda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, agregó que con la reforma realizada, la Fiscalía General del Estado por conducto del Instituto Estatal de Seguridad Pública, gestionará y llevará a cabo las acciones necesarias para que las y los integrantes de la División de Operaciones Rurales acrediten grados académicos superiores al que tenían a su ingreso.
En el caso de la policía de reacción, de acuerdo a los programas antes referidos o demás instituciones con autorización o reconocimiento de validez oficial, deberán continuar con sus estudios, al menos, hasta el nivel media superior.
Dentro de la exposición, aclaró que en el caso de la División de Operaciones Rurales, se considera como una policía de reacción, encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública.
Continuó su participación, al informar que en la actualidad la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fragmenta en tres grupos las funciones policiales, que son: De investigación, prevención y reacción, y cada uno con similares requisitos de ingreso y permanencia, por lo que se hace necesario que de acuerdo a su función, se requiera de ciertos requisitos a los elementos que se desempeñarán en cada agrupación.
“La seguridad pública no solo debe estar vinculada con el uso de la fuerza, sino orientada a la reducción de riesgos generadores de violencia, existiendo una relación elemental entre seguridad, desarrollo y respeto a los derechos humanos”, culminó la Legisladora.