30 de mayo de 2019. Con el propósito de llevar a cabo el diseño del mecanismo de evaluación del desempeño del Poder Legislativo Estatal, en aras de optimizar y profesionalizar la actividad parlamentaria, esta Soberanía, a través de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto, creó para tal efecto, la Mesa Técnica integrada por las fuerzas políticas representadas ante este Congreso.
Al respecto, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presidente de la Comisión dictaminadora, mencionó que la medición es solo uno de los pasos en cualquier proceso de mejora, por lo que este Poder Legislativo no puede quedar ajeno a dicha acción, por lo que la mesa de trabajo institucional, diseñará las estrategias concretas que permitan una verdadera evaluación del desempeño de las y los legisladores, así como de la normatividad que aquí se origina.
Asimismo, admitió que actualmente el Congreso del Estado, carece de un modelo institucional de evaluación interna que le permita medir el impacto de su desempeño y la eficacia de la legislación que emite.
De hecho, dijo, “en la actualidad, la gran mayoría de la legislación vigente no ha pasado por el tamiz de una evaluación que ofrezca evidencia empírica de sus resultados; es decir, no se comprueba si el cambio jurídico introducido ha causado el efecto esperado a la sociedad a quien se dirige, como por ejemplo: disminuir la comisión de un determinado delito, las brechas de desigualdad social, o bien, garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, entre muchas otras hipótesis que el idealismo normativo concibe”.
De ser así, instaurar mecanismos de evaluación del desempeño legislativo puede generar una especial sensibilidad en las autoridades parlamentarias y con ello, elevar la calidad de la creación normativa, lo que, sin duda, incidiría en el bienestar social de la Entidad.
Ahora bien, para desarrollar un modelo de evaluación legislativa eficaz se requiere interconectar los elementos que contribuyen a la formación normativa, es decir, tanto a las autoridades parlamentarias como a la ciudadanía, esta última receptora del impacto de su creación, quien deberá retroalimentar a la autoridad sobre la eficacia de su política, de lo contrario, la evaluación tendrá un escaso impacto.