05 de septiembre de 2019.


H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E. –

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción I de la Constitución Política, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 11 de Septiembre de 2018, el Diputado Omar Bazán Flores del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con carácter de Decreto con la finalidad de reformar los artículos 2 y 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a fin de crear una línea segura y anónima para los agentes de seguridad pública de la Entidad; y con carácter de Punto de Acuerdo, en la que propone crear la Comisión Especial de Seguimiento y Defensa de los Derechos Humanos de los Policías del Estado de Chihuahua.

II.- La Presidencia del H. Congreso del Estado con fecha 18 de Septiembre de 2018 y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo la iniciativa de mérito, a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. La Iniciativa citada se sustenta bajo los siguientes argumentos:

1. “El año 2017, ha sido el más violento en homicidios dolosos para nuestro país, destacando que nuestro estado ocupo el cuarto lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor índice de violencia, con 42 delitos por cada 100 mil habitantes; este año las cifras de este delito se ven severamente incrementadas, tan solo para julio de 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, señala que en nuestra entidad se han cometido 1 mil 235 homicidios dolosos, mientras que para 2017 la cifra fue de 1 mil119 homicidios, datos que duplican las cifras presentadas en 2016 y 2015 respectivamente, en el cual se presentaron al mismo mes un total de 616 y 597 homicidios.

2. En este ambiente de inseguridad, nuestras fuerzas policiales han sido víctimas constantes de ataques por parte del crimen organizado, tan solo en 2017, fueron 44 los agentes de seguridad estatal asesinados en nuestra entidad, situación que nos ubicó en segundo lugar a nivel nacional como la entidad que más bajas sufrió por parte de este combate a la delincuencia; destaca en este rubro la capital de nuestro estado, donde perecieron 10 agentes, convirtiendo a dicho municipio en el sexto más peligroso del país para el ejercicio de estas funciones.

3. Para el año 2018, a finales del mes de agosto, ya ocupábamos el sexto lugar nacional con 15 agentes policiacos fallecidos en el cumplimiento de su deber, según cifras de un estudio realizado y publicado por la organización ciudadana denominada Causa en Común, la cual, basada en fuentes periodísticas, presenta una lista completa con los nombres de cada uno de los agentes victimados, con fecha y lugar donde ocurrieron los hechos.

4. A este escenario sombrío para nuestras fuerzas policiales, se añade otro lamentable episodio, cuando en días pasados un convoy de seguridad pública estatal fue atacado en el municipio de Bocoyna, falleciendo 4 elementos policiacos, víctimas del crimen organizado, en hechos que revelan extrema violencia y crueldad.

5. De acuerdo con los datos presentados por la misma asociación, y que se revelan de una encuesta realizada a 159 agentes en el mes de septiembre del año pasado, donde a pregunta expresa sobre el entorno laboral, en el cual realizan sus funciones, es lamentable decir, que más de la mitad de los encuestados destaquen la humillación y discriminación como las principales conductas irregulares que encuentran en su entorno laboral, y una tercera parte señale el acoso sexual dentro de la Institución.

6. En ese mismo sentido, además de cumplir con las funciones propias de un servidor público, más del 30 por ciento reconocen haber realizado encargos personales de su superior o algún familiar de este por órdenes directas, dejando de lado su función de protección a la sociedad.

7. El escenario actual que viven nuestras fuerzas policiales implica hacía con ellos una percepción de poca confianza de la ciudadanía, de un abandono por parte de las autoridades administrativas, y una lucha dispar contra organizaciones criminales que dominan ya gran parte del territorio estatal, que les ponen en constante riesgo de perder la vida, en operativos defectuosamente diseñados ya sea por negligencia o incluso porque no decirlo, por mala fe o dolo, de mandos superiores con intereses obscuros o perversos.

8. Seguimos criminalizando y dañando la imagen de nuestras fuerzas policiacas, cuando no hemos sido capaces de generarles certeza jurídica sobre sus derechos y el de sus familias.

9. Bajo este mismo análisis, más del 70 por ciento de los oficiales encuestados reconocen haber erogado de su bolsillo el costo de las reparaciones de las patrullas, compra de cartuchos, uniformes y botas; así como más de la mitad aceptan verse en la necesidad de pagar la gasolina de sus unidades por cuenta propia.



10. Esta situación, que merece a este pleno, independientemente de la encuesta y su metodología, nos debe invitar a la reflexión sobre el hecho de que tan solo en 2018 fueron asignados a la Fiscalía más de 4 mil 300 millones de pesos, mientras los oficiales niegan en un 92 por ciento haber recibido el kit de primer respondiente.

11. Al día de hoy, ya hemos visto diversos esfuerzos de algunos valientes elementos de las corporaciones policíacas por tener encuentros con las autoridades gubernamentales y municipales para exponer sus preocupaciones, pero han sido acallados o ignorados por las mismas, cuando los mismos oficiales señala en dicha encuesta, en más del 50 por ciento, que la corrupción actual se ubica en los altos mandos policiales.

12. Entendemos y conocemos los esfuerzos del Sistema Integral de Desarrollo Policial por la búsqueda de esquemas de profesionalización, certificación y régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones policiales de las áreas de operación, sin embargo, debemos señalar, que, de manera local, hemos sido omisos en brindar a los elementos de seguridad un respaldo oficial hacía con el entorno laboral y social en que conviven.

13. En ese sentido estimamos que los avances legales son importantes en lo abstracto, pero debemos de cumplir con nuestra responsabilidad como ente garante de un marco jurídico que coadyuve a la mejor y mayor transparencia en el combate a la corrupción, propongo ante este pleno, la creación de una Línea Segura y Anónima para los Agentes de Seguridad Publica de nuestra entidad, que se convierta en el instrumento para visibilizar adecuadamente los hechos que afectan la vida interna de las fuerzas policiacas, combatir la corrupción, el respeto de los derechos humanos y laborales, el cumplimiento de los acuerdos con las fuerzas policiacas y el receptáculo de sus quejas y sugerencias sobre la estrategia de seguridad aplicada en el estado y sus municipios.

14. Propongo que lo anterior sea una función prioritaria de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada; que deberá abocarse a la expedición de la declaración de los derechos humanos del policía, a su divulgación, respeto y protección y a la operación del sistema interno de denuncia anónima segura, mecanismo mediante el cual cualquier miembro de las fuerzas policiacas del Estado o municipios puede denunciar de manera anónima hechos relacionados con la función que desempeña y que pongan en peligro su vida o atente contra sus derechos humanos, a fin de que dicha denuncia genere una investigación formal y produzca los correctivos necesarios, todo ello en coordinación con el Poder Legislativo a fin de visibilizar adecuadamente la situación y garantizar la efectividad del sistema”. (SIC)

Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la Iniciativa en comento, quienes integramos la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Esta Comisión dictaminadora cuenta con las atribuciones necesarias para elaborar el dictamen correspondiente.

II.- La propuesta pretende crear “una línea segura y anónima para los agentes de seguridad pública de nuestra Entidad…” “… a fin de que dicha denuncia genere una investigación formal y produzca los correctivos necesarios, todo ello en coordinación con el Poder Legislativo”.

Y para lograrlo expone dos ejes centrales, uno con carácter de Decreto y el otro como punto de Acuerdo.

1. El primero de ellos (Decreto) se concentra en dos propuestas de reforma:

A. Establecer una plataforma vía internet, exclusiva para los cuerpos policiacos, tratándose de las denuncias de forma anónima, y de esta manera generar reportes en línea.

B. Que la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado tenga acceso a estas denuncias y haga un análisis mensual que presentará a la Junta de Coordinación Política.

2. Respecto al Punto de Acuerdo, solicita al Pleno del H. Congreso del Estado:

C. La creación de una Comisión Especial de Seguimiento y Defensa de los Derechos Humanos de los Policías del Estado de Chihuahua.

III.- En cuanto a la propuesta “A” de decreto, esto es, establecer una plataforma vía internet, exclusiva para los cuerpos policiacos, tratándose de las denuncias de manera anónima… habremos de tomar en consideración que si se pretende crear una línea segura y anónima –como lo refiere el iniciador-, tenemos que partir de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 111 que citamos textualmente:

Artículo 111.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente Ley.

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.

Disposición que cuenta con su correlativo local en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en su artículo 293, disponiendo un servicio de denuncia anónima con comunicación directa a las instancias de seguridad pública ; además, en subsecuentes artículos refiere que los “órganos del Sistema Estatal promoverán la participación de la comunidad en la evaluación de las políticas y de las Instituciones de Seguridad Pública” , y que “el Estado, por conducto de la Fiscalía General, establecerá programas y acciones de fomento a la cultura de la denuncia.”

Como podemos apreciar el sistema de denuncia anónima ya se encuentra descrito en la norma general como una obligación homologada para todas las entidades federativas, por lo que la propuesta de la iniciativa, desde esta perspectiva, se encuentra satisfecha.

Ahora bien, la iniciativa pretende un sistema de uso exclusivo para policías, de tal suerte que ellos puedan denunciar anónimamente y se formalice una investigación, circunstancia que la distingue de lo expuesto anteriormente.

Si bien es cierto que el contraste entre el procedimiento homologado y la propuesta, es la exclusividad del sistema para la denuncia policiaca, no menos cierto es que el sistema nacional homologado subsume a lo anterior, es decir, cualquier policía puede realizar una denuncia anónima, por lo que la propuesta por sí misma “debilita” el anonimato, en razón de que si la denuncia se efectuó por este exclusivo método de denuncia, ya sabríamos que la realizó alguna persona que integra la corporación.

IV.- En cuanto a la propuesta “B”, esto es, que esta comisión tenga acceso a las denuncias lo primero que debemos tomar en consideración es el contenido del primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra menciona:

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
(…)”

Circunstancia que nos permite visualizar a quién le compete la indagatoria delictiva; si bien la iniciativa no refiere que esta comisión de dictamen habrá de realizar la investigación, si establece las bases para hacerlo, debido a que el iniciador refiere textualmente lo siguiente: “a fin de que dicha denuncia genere una investigación formal y produzca los correctivos necesarios, todo ello en coordinación con el Poder Legislativo a fin de visibilizar adecuadamente la situación y garantizar la efectividad del sistema”.

De una interpretación sistémica de la exposición de motivos y la propuesta de decreto, se infieren dos circunstancias: la primera que el órgano legislativo podría “investigar” y la segunda, tener “acceso” a la investigación.

En cuanto a la primera, como se desprende del contenido del numeral 21 constitucional, el legislativo se halla impedido para hacerlo, lo cual encuentra sustento motivacional en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, localizada con el número de registro 2004696, bajo la voz “EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, que el caso que nos ocupa, refiere:

“… Esto es, de conformidad con la normativa constitucional reformada, el Ministerio Público conserva, … la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados e instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la averiguación previa a la autoridad competente. …”

Por ende, al ser una facultad exclusiva, estaríamos invadiendo su esfera competencial.

Respecto al “acceso” de los antecedentes de la investigación, como lo sería la denuncia, debemos partir del contenido del primer párrafo del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra menciona:

“Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
(…)”

De ahí que a la denuncia como parte de los registros de la investigación, no se le puede dar acceso a personas distintas a las partes, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo la persona imputada y la víctima u ofendido, por ende, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil no cuenta con la cualidad constitucional para poder acceder a dichos documentos.

V.- Respecto a la creación de una Comisión Especial de Seguimiento y Defensa de los Derechos Humanos de los Policías del Estado de Chihuahua, al ser una facultad exclusiva de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno el aumento o disminución del número de comisiones, incluyendo las denominadas especiales, de acuerdo a la fracción IV del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión no cuenta con la atribución para proponer al Pleno dicha solicitud, por ende, la petición tendría que turnarse a la Junta de Coordinación Política para que elabore o reflexione lo conducente.

En mérito de lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, sometemos a la consideración de esta Alta Asamblea el siguiente proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, da por satisfecha la Iniciativa de Decreto que pretendía establecer una plataforma para que los policías denunciaran anónimamente y que la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado tuviera acceso a estas denuncias.

SEGUNDO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en virtud de las consideraciones antes vertidas, turna a la Junta de Coordinación Política, la parte conducente que pretende crear la Comisión Especial de Seguimiento y Defensa de los Derechos Humanos de los Policías del Estado de Chihuahua, para que a su juicio, realice las consideraciones que correspondan.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los 05 días de mes de septiembre del 2019.









Así lo aprobó la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en reunión de fecha 04 de septiembre de 2019.
INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. PRESIDENTA
GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RIOS

DIP. SECRETARIO
DIP. GUSTAVO DE LA ROSA
HICKERSON
DIP.VOCAL
DIP. MARISELA SÁENZ MORIEL

DIP. VOCAL
DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS
DIP. VOCAL
DIP. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE

Las presentes firmas corresponden al dictamen que recae a la iniciativa identificado con el No. de Asunto 42. Presentada en fecha 11 de septiembre de 2018, por el Diputado Omar Bazán Flores, con la intención de reformar los artículos 2 y 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a fin de crear una línea segura y anónima para los agentes de seguridad pública de la Entidad; y con carácter de punto de acuerdo, en la que propone crear la Comisión Especial de Seguimiento y Defensa de los Derechos Humanos de los Policías del Estado de Chihuahua.