12 de noviembre de 2019.

- Se exigió que se adicionen artículos a diversas disposiciones para hacer efectivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Secretaría de Gobernación y a la Cámara de Diputados Federal, para que se emita un informe sobre el cumplimiento que guarda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y el Campo Algodonero contra México, en sus resolutivos 12, 13, 14, 19, 21 y 24.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, se presentó ante el Pleno por el diputado Benjamín Carrera del Grupo Parlamentario del Partido Morena, quien detalló que, de igual manera, se exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua y al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que se capacite a su personal, en materia de investigación criminológica, criminalística, ministerial, antropológica social, victimología, perspectiva de género, aplicación de medidas cautelares y derechos humanos.
En este sentido precisó que en cuanto a la Cámara de Diputados Federal, se solicitó que se adicione una fracción III BIS al Artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haga efectivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mencionó que las capacitaciones que se concretarán, deberán realizarse por el grupo multidisciplinario de expertos, dirigida a las y los servidores públicos relacionados con las investigaciones y la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas o asesinadas por cuestiones de género en Chihuahua, así como fortalecer los laboratorios en el análisis forense de muestras de ADN para la identificación de restos mortales en casos relacionados con investigaciones y búsqueda.
“El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió su sentencia en el caso González y otras, es decir, Campo Algodonero contra México. El caso trata sobre “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001”, determinó el legislador en tribuna.
Además de esto, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegó ante la Corte la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la falta de medidas de protección a víctimas, la falta de prevención de crímenes pese al conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la zona y la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición.
“Se señaló también, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos y la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada, por lo que se solicita que se declare la responsabilidad del Estado por incumplimiento de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, de la niñez y la protección judicial”, apuntó.
Recalcó que la Comisión solicitó a la Corte que, declarara la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.
“Las y los representantes de las víctimas, alegaron adicionalmente la violación de otros derechos establecidos en la Convención Americana, a saber, el derecho a la libertad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, y las obligaciones establecidas en los artículos 8 y del artículo 9 de la Convención de Belém do, así como la inclusión de otras víctimas”, continuó.
Por último, afirmó que derivado de la sentencia y a 10 años de su emisión, es necesario que se realice una reflexión social, política y de seguridad, ya que apuntó que los feminicidios no ceden y agregó que la sentencia no es el punto final de un procedimiento judicial, sino un proceso para garantizar efectivamente la reparación de los daños.