12 de noviembre de 2019.
Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, instruyeron a la Comisión de Feminicidios de este Cuerpo Colegiado, que integre una Mesa Técnica con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la Sentencia del Campo Algodonero, así como a la Recomendación General 40/2019, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentada por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien mencionó que, de igual manera, se concretó que se tendrán que hacer las acciones necesarias para dar cumplimiento a dicha recomendación en el plazo establecido.
“La violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad cometida contra los derechos humanos en nuestros tiempos. Desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempos de paz como en la guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación y la violencia del Estado, la comunidad y la familia, es lo que se señala por las naciones unidas”, mencionó la legisladora.
Dijo que, para enfrentar un fenómeno de tanta complejidad como la violencia en contra de las mujeres, existe un vasto y valioso andamiaje jurídico, sin embargo, no se registra un avance y recalcó que, de acuerdo con estadísticas de la ONU, cada día nueve mujeres son asesinadas y seis de cada diez, han sufrido violencia.
“La falta de respuesta del sistema judicial mexicano frente a su desaparición; la falta de diligencia en la investigación de estos casos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares, motivó a que tuvieron que acudir con el apoyo de las organizaciones civiles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigara las múltiples violaciones a los derechos humanos y a la vez, sometiera ante la Corte la demanda de los casos”, mencionó.
Recalcó que, por ser una violación de derechos humanos y por el contexto en el que se realiza, la sentencia tiene un alcance más amplio ya que reconoce que la violencia contra las mujeres que se vive en Ciudad Juárez desde 1993 y establece medidas de no repetición para que los hechos semejantes no vuelvan ocurrir, así como establecer medidas de reparación.
“Esta sentencia compañeras y compañeros legisladores no es una sentencia más, indudablemente, llegar a ésta, costó mucho tiempo y esfuerzos a las familias de las víctimas y a las organizaciones civiles para visibilizar la violencia institucional que sufrieron; de esto, se despliegan 14 obligaciones para el Estado Mexicano que deben reparar el daño causado”, concretó.
Por último, determinó que se deben de redoblar los esfuerzos para cumplir a cabalidad con la Sentencia del Campo Algodonero y la Recomendación 40/2019 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en virtud de que todas las autoridades debemos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La violencia en sus diversos tipos y modalidades afecta a sociedad en su conjunto y restringe sus posibilidades de lograr el desarrollo humano.