08 de septiembre de 2020. Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, a través de la Dirección de Seguridad Pública, para que se informe a este Poder Legislativo, sobre los hechos suscitados el sábado 05 de septiembre del presente año, por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por la policía municipal, al reprimir ilegalmente una manifestación pacífica llevada a cabo por colectivos de mujeres en dicha ciudad.
Este Punto de Acuerdo y de urgente resolución, fue presentado por la diputada Deyanira Ozaeta Díaz del PT, en conjunto con la diputada Ana Carmen Estrada de MORENA, quienes determinaron que estos actos ilícitos fueron para reprimir una manifestación pacífica.
“El derecho humano a la manifestación, se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se debe de permitir que este derecho sea coartado por la represión de las autoridades, en este caso, lo que pasó el sábado 06 de este mes”, mencionó.
Dijo que esta manifestación, fue convocada por los colectivos feministas de todo el país y por lo que se dieron estas muestras de manera simultánea en los distintos estados de la república; fueron desalojadas violentamente por medio de agentes de la policía municipal de Ciudad Juárez, en la que se detuvieron a 28 mujeres, incluyendo a 4 menores de edad.
“Fueron golpeadas durante la detención, lo que provocó lesiones múltiples y graves en algunas de ellas, agresiones sexuales, robo de celulares, entre otros, siendo que se debe de garantizar la seguridad de la sociedad y por lo tanto, de los habitantes del Municipio de Ciudad Juárez”, acotó.
Determinó que las expresiones y manifestaciones de protesta convulsionan muchas veces a los Gobiernos, con críticas a los poderes públicos y demandas por derechos fundamentales insatisfechos. La respuesta en este caso del gobierno municipal por la vía de la fuerza pública o la criminalización ha desconocido los estándares básicos de los derechos humanos.
“Fuimos testigos de un desconocimiento a la naturaleza democrática de la protesta, porque la democracia exige en principio que existan canales abiertos para expresar el desacuerdo político y el reclamo de los derechos. De eso se trata precisamente, el derecho a la protesta como ejercicio colectivo de la libertad de expresión”, concluyó.