03 de marzo de 2026. A fin de dignificar y salvaguardar la integridad de las personas trabajadoras de la Educación el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó un dictamen de decreto para que sea responsabilidad de la Secretaría de Educación y Deporte implementar protocolos de actuación y acompañamiento con el fin de prevenir, atender y canalizar cualquier tipo de agresión, acoso o violencia.

El dictamen, previamente analizado y elaborado por la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, surge de diversas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de MORENA, PAN y PRI pero sobre todo de la voz organizada del magisterio de las secciones 8 y 42 del Sindicato de Trabajadores de la Educación y la comunidad educativa ante la necesidad de espacios laborales seguros.

En ese sentido, se determinó que la implementación de protocolos no es una cuestión meramente administrativa, sino un deber jurídico y ético respaldado por la normativa nacional e internacional.

Durante la lectura y presentación del documento, el diputado Oscar Avitia Arellanes, presidente de la Comisión de Educación Cultura Física y Deporte resaltó que estos instrumentos permiten traducir en acciones concretas los principios de dignidad humana, trabajo decente y seguridad educativa, y contribuyen a consolidar escuelas más justas, respetuosas y humanas para toda la comunidad educativa.

Por otra parte, el legislador agradeció y reconoció la disposición de las y los Secretario de Educación del Estado Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; del Profesor Eduardo Zendejas, Secretario General de la Sección 8 del SNTE; del Profesor Manuel Quiroz Carbajal, Secretario General de la Sección 42 del SNTE en Chihuahua y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Alejandro Carrasco, en este esfuerzo interinstitucional para fortalecer la convivencia escolar, garantizar entornos seguros y contribuir a una educación de calidad que beneficie a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado.

También agradeció el trabajo coordinado de las y los integrantes de la Comisión de Cultura Física y Deporte para cumplis con la obligación legislativa de escucha activa, diálogo constructivo y acción transformadora, especialmente cuando se trata del sector educativo, que constituye el principal instrumento de movilidad social, cohesión comunitaria y construcción de ciudadanía en nuestro estado.

Avitia Arellanes subrayó que para asegurar una educación integral, inclusiva y libre de violencia es prioritario salvaguardar la seguridad e integridad de las comunidades escolares, atendiendo a las particularidades regionales y a las condiciones de accesibilidad a recursos tecnológicos, entre otras medidas inmediatas de atención de violencia, accidentes, agresiones sexuales o situaciones de riesgo dentro o fuera del entorno escolar, que involucren a miembros de la comunidad educativa.

También se garantiza la atención legal, psicológica, administrativa y gremial adecuada e inmediata tanto a las presuntas víctimas como a los trabajadores señalados, con enfoque diferenciado y perspectiva de derechos humanos.

Dicho protocolo contempla la creación de una instancia formal dentro de la autoridad educativa federal y local que brinde a las y los trabajadores de la educación asesoría, acompañamiento jurídico y psicológico y un mecanismo seguro y confiable para interponer quejas o denuncias anónimas relacionadas con la vulnerabilidad de sus derechos humanos y laborales con un enfoque integral, imparcial y con seguimiento pertinente.

Con este dictamen de decreto el Congreso del Estado y particularmente la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte responde con sensibilidad y profundidad a las demandas del magisterio, no como un gesto de cortesía política sino como un deber constitucional y ético.