16 de agosto de 2023. Recientemente, un grupo de compañeras y compañeros legisladores, férreos defensores de la buena educación han salido a llamar al presidente de la República, conservador, esto ante el debate que han querido alimentar con calificativos las autoridades estatales debido al rediseño de los libros de texto gratuitos.

Aquí aprovecharé brevemente para hacer una observación que más que calificar, pretende remitir a hechos históricos: Durante el periodo de la Guerra de Reforma, previo al surgimiento del Plan de Tacubaya, un grupo de personas que luego serían llamados conservadores, realizaron una serie de acciones a fin de mantener las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos, llegando incluso a querer derogar la Constitución de 1857 con el fin de evitar perder los privilegios que mantenían el fuero militar y eclesiástico en nuestro país.

Partiendo entonces de esa breve explicación, es que dudo que el Presidente sea en efecto, un conservador. Aún más, dudo de todo ese debate a modo que las autoridades en Chihuahua han querido alimentar -como le decía- con descalificativos que juzgan a los libros de texto a pesar de que, efectivamente como se anuncia incluso en la página de Gobierno del Estado en más de una nota, hubo participación de directivos, docentes y supervisores en el proceso de rediseño, sin en descontento que se quiere ahora mostrar.

Pero como este espacio no se trata de sembrar dudas ni de imponer pensamientos, le invito para hacer como parte de este espacio, un ejercicio informativo que le permita a cada lector, llegar a conclusiones propias.

Desde 2019, la entonces presidenta de la Comisión de Juventud y Niñez en el Congreso del Estado, consideraba a los anteriores libros de texto como “adelantados” en rubros como educación sexual, sugiriendo que la educación en estos temas debe limitarse en lo posible a la educación en casa. Esto contrasta con el reconocimiento que la misma legisladora hace respecto al alarmante aumento en casos de embarazo en niñas y adolescentes a edades cada vez más tempranas.

Por otra parte, un mes antes de haberse realizado en nuestro estado las Asambleas de Análisis del Plan y los Programas de Estudio para el Diseño de los Libros de Texto Gratuitos, ya se oponía el grupo parlamentario de Acción Nacional a que se iniciara siquiera este proceso, haciendo un llamado al Ejecutivo Nacional para que pusiera fin antes del comienzo, a un proceso de consulta conjunto.

Es entonces que, la rancia oposición de Chihuahua quizá ya se veía venir, pero contradice a una gobernadora que señala a solo unos días de iniciar el ciclo escolar una supuesta violación de procedimientos, un contenido ideologizante e incluso comunista que, en su momento no advirtió, a pesar de que en dichas asambleas, participaron docentes, directivos, supervisores y jefes de sector tanto del subsistema federalizado como del estatal, en conjunto con catedráticos del Centro de Actualización del Magisterio y la Universidad Pedagógica Nacional.

Por más información que le quisiera en este punto proporcionar, quizá hace falta mirar la poca información que un grupo de resistencia a los libros de texto nos proporciona a nosotros como ciudadanos al momento de señalar tan garrafales errores: hasta el momento, no se han sustentado mediante un documento de análisis o un diagnóstico comparativo, los prejuicios y daños que causarán los libros… ahora resulta que son “menos peores” que los que en su momento señalaron de inadecuados, tampoco sabemos a ciencia cierta qué acciones se llevarán a cabo, ni su costo, es más… ni el sustento legal que cobija al estado para asumir funciones como la impresión de libros, entre otras que están reservadas para la federación.

Hoy debieran retumbar en los oídos de los verdaderos conservadores, aquellos que se oponen cual si de una guerra se tratara a reformar a la educación, las palabras que como parte del decreto de creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos daban sentido a sus funciones haciendo énfasis en la necesidad de fomentar la solidaridad, las virtudes cívicas y promover la evolución democrática del país bajo un modelo basado en la dignidad de las personas, en los derechos humanos y la igualdad sustantiva, respondiendo no al privilegio de unos cuantos, ni a las tradiciones, sino a la nueva realidad de las y los estudiantes.