12 de septiembre de 2023. La 67 Legislatura de Chihuahua, exhortó al Cabildo Municipal de Chihuahua, para que destinen una parte de los recursos del fondo de multas obtenidas por las transgresiones a las disposiciones del Reglamento de Justicia Cívica y el Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos, al otorgamiento de apoyos económicos directos y periódicos a mujeres víctimas de violencia a fin de abonar a la independencia financiera de las mismas, como parte de la estrategia de combate de la violencia de género.

Lo anterior, una vez aprobada la proposición del diputado Benjamín Carrera Chávez, quien expuso además que las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres pueden revertirse dotando a las mujeres víctimas de violencia de los medios y recursos para reconstruir sus vidas, empoderándolas y dándoles alternativas y poder de decisión a través de la autonomía.

A la petición se agregó la moción de la diputada Georgina Bujanda, sobre solicitar al Gobierno Federal para que dentro de su Presupuesto de Egresos 2024, se destine más recurso para los refugios y se incluya a ello al Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

Es importante recordar que, recientemente fueron aprobadas por el cabildo municipal capitalino, las reformas al Reglamento del Sistema de Justicia Cívica para la Ciudad de Chihuahua y al Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos con el fin de sancionar la divulgación de material musical, audiovisual o cualquier otro que promueva la violencia de género en la ciudad de Chihuahua; agregó el Legislador.

Dichas adecuaciones, mencionó el legislador, buscan establecer que, en aquellos eventos públicos en los que se requiera de permiso municipal, la interpretación de contenidos musicales o similares que promuevan la violencia contra las mujeres y propicien su denigración, discriminación, marginación o exclusión, se considerarán una infracción al atentar contra la dignidad de las personas y de la familia.

En ese sentido, dijo, que la medida aprobada ha suscitado una serie de cuestionamientos en torno a la aplicación de dichas sanciones, así como al destino de las multas que rondan desde los 600 mil hasta poco más de un millón de pesos, generando expectativa respecto a si esta medida verdaderamente contribuye a erradicar la violencia de género.

De ahí que es importante recordar que, de acuerdo con el INEGI, 47.3% de las mujeres víctimas de violencia financiera, lo siguen siendo incluso estando separadas o divorciadas; esta proporción es incluso mayor que el porcentaje de mujeres casadas que sufren este tipo de violencia, que representan el 28.1%.

Es por lo anterior que, a través de la presente proposición se busca que, toda vez que se ha aprobado la aplicación de las sanciones en comento, estas puedan traducirse en un beneficio directo a través de apoyos tangibles otorgados de manera periódica a las víctimas de violencia.