03 de septiembre de 2026. Chihuahua, Chih., 3 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Chihuahua no puede declarar resuelto un problema que sigue afectando a miles de personas. La pensión para personas con discapacidad permanente de 30 a 64 años es hoy un derecho constitucional, pero el Estado continúa sin firmar el convenio que permitiría garantizarla de manera universal. Así lo señaló la diputada Elizabeth Guzmán, al cuestionar que el Congreso pretenda desechar el asunto 1145 bajo el argumento de que “quedó sin materia”, cuando la propuesta original y el exhorto aprobado posteriormente no plantearon lo mismo.

Guzmán recordó que desde 2024 morena ha insistido en la firma del convenio y en destinar recursos estatales para hacer efectivo este derecho. Hubo exhortos rechazados, reservas presupuestales rechazadas y compromisos que no se cumplieron. En marzo pasado, finalmente, el Pleno aprobó exigir la firma del convenio. Hasta hoy, el Gobierno estatal no ha respondido.

Por eso, sostuvo, el problema ya no puede explicarse como falta de recursos. “Cuando este Gobierno considera algo prioritario, encuentra cómo financiarlo. Para las personas con discapacidad llevamos años escuchando por qué no. Eso es una decisión de prioridades y una responsabilidad política”, afirmó.

La legisladora advirtió que para las familias la pensión no es un debate burocrático ni una cifra presupuestal: significa autonomía y seguridad económica. “No es caridad. No es un favor del Gobierno. Es un derecho. Gobernadora, firme ya el convenio. Firma ya, Maru”, exigió.

Guzmán llamó al Congreso a devolver el asunto a Comisión y evitar que se cierre el expediente con una justificación incorrecta. Porque, señaló, puede desecharse un documento, pero no puede darse por cumplido un derecho que todavía no se garantiza.