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Octubre 17 Autorizan contrato para la creación y operación de Centros Regionales de Seguridad

En Sesión Ordinaria del Poder Legislativo, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, autorizaron al Ejecutivo Estatal, para llevar a cabo la creación y operación de cuatro Centros Regionales de Seguridad para el Desarrollo del Estado de Chihuahua, mediante el esquema de Asociación Público Privada.
El diputado Misael Máynez Cano, Secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, expuso el decreto ante el Pleno Legislativo, para su votación.
Detalló que la autorización se otorga para la elaboración del proyecto ejecutivo, la construcción, equipamiento, puesta en marcha, mantenimiento, operación, servicios de alimentación y en dormitorios, y la transferencia de infraestructura, de los cuatro Centros Regionales, por un plazo de 11 años 3 meses, mediante el esquema de Asociación Público Privada.
Dichos centros serán establecidos con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el Estado, y estarán ubicados en las localidades de Guadalupe y Calvo, en el municipio del mismo nombre, Guachochi, en el municipio del mismo nombre, San Juanito, en el Municipio de Bocoyna, y Práxedis G. Guerrero, en el municipio del mismo nombre, todas en el Estado de Chihuahua, señaló el Legislador.
Agregó que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y/o a la Fiscalía General del Estado, está autorizado a comprometer una partida presupuestal suficiente y necesaria de su presupuesto de egresos anual, presentes y/o futuros, y en tanto existan obligaciones de pago, por las obligaciones contraídas.
Argumentó que para el desarrollo de los mismos, se autorizaron hasta 468 millones de pesos, y para mantenimiento, reposición, operación y prestación de servicios de alimentación y en dormitorios, un monto anual de hasta 34 millones de pesos.
Mencionó también que las obligaciones de pago que se deriven del contrato de prestación de servicios mediante el esquema de Asociación Pública Privada, se deberá formalizar a un plazo total que no exceda de 11 (once) años y 3 (tres) meses, que incluye 15 meses del periodo de inversión y 10 (diez) años de operación y mantenimiento de la infraestructura que se construya; y se deberán pagar en su totalidad en un plazo de hasta 10 (diez) años a partir del inicio del periodo de operación de los Centros.
Para finalizar, detalló que dentro de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se establece la instalación de una Comisión, como un órgano colegiado interinstitucional, encargado de revisar, analizar, orientar, autorizar y vigilar los procedimientos legales para la realización de los contratos mediante el esquema en mención.
Dicha comisión se integró por las siguientes personas: Dr. Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda; Lic. Luis Fernando Mesta Soulé, Encargado del despacho de la Secretaría General del Gobierno; C.P. Facundo Ismael Rodríguez Gallegos, Coordinador Ejecutivo de Gabinete, Ing. Gustavo Elizondo Aguilar, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Ing. María Facio Muñoz, Asesor Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; Lic. Francisco Javier Acosta Molina, Suplente del Consejero Jurídico del Estado; Mtra. Jazmín Yadira Alanís Reza, Encargada del Despacho de la Secretaría de la Función Pública e, Ing. María Inés Cabrer Herrera, adscrita a la Coordinación Ejecutiva de Gabinete, con carácter de Secretariado Técnico, respectivamente.