1 de Junio de 1917
Expide un decreto que aplica definitivamente el Artículo 32 Constitucional, en cuyo cumplimiento toman posesión de los barcos mercantes nacionales México, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Tehuantepec, Puebla y Tabasco, los capitanes mexicanos por nacimiento José del Carmen Solís, Armando Ascorve, Luis G. Pliego, Luis Hurtado de Mendoza, Agustín Cendreros, Alberto Pawling, Agustín Guillén y Rafael Izaguirre Castañares.

Culmina de este modo, el proceso iniciado meses antes en el Constituyente de Querétaro, que legitima el derecho de los marinos mexicanos de ocupar y desempeñar los diversos cargos de los buques nacionales. El 16 de enero de 1917, se leyó el dictamen sobre el proyecto de artículo 32 que había enviado Carranza al Congreso, y que prohibía que los extranjeros, en época de paz, pudieran servir en el Ejército o en las fuerzas de policía y seguridad pública. Se argumento para solicitar su aprobación: “¿A quién si no a los mexicanos debe encomendarse la vigilancia efectiva y la conservación absoluta del orden público? ¿Quién si no ellos tienen la obligación imperiosa de velar por la integridad nacional?... "El extranjero, con raras excepciones, ni siente con nosotros las lamentaciones de la patria, ni se preocupa en nada por el bienestar y engrandecimiento de México. Por lo regular, su afán único es procurarse una fortuna que le permita vivir cómodamente y no aparta ni por un solo instante de su mente el pensamiento y el recuerdo de su país nativo”.

Mayo 31 de 1820
Ante la presión y el entusiasmo popular porque el pasado 10 de marzo, el rey Fernando VII había sido obligado a jurar la Constitución de Cádiz por la rebelión en Andalucía de un grupo de militares liberales encabezados por el comandante Rafael de Riego y Quiroga, jefe de un ejército expedicionario destinado a recuperar el control sobre América, el virrey Juan Ruiz de Apodaca se ve precisado a jurar y hacer jurar esa Constitución, a imprimirla y a hacerla circular por las principales ciudades de la Nueva España.

Años antes, en 1814, Fernando VII había regresado a España reconocido como rey por Napoleón, asumido el trono, desconocido la Constitución, anulado las Cortes y restaurado la monarquía absoluta. Por eso para los grupos privilegiados, especialmente para la Iglesia, la vuelta al régimen constitucional significa un gran peligro, ya que en España, con base en esta ley fundamental, las Cortes han comenzado a realizar una serie de decretos en contra de su poder temporal, como la supresión del fuero eclesiástico, la reducción de los diezmos, la abolición de las órdenes monásticas y de la Compañía de Jesús.