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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de junio de 1917. En un acto de profunda trascendencia para la soberanía nacional, el presidente Venustiano Carranza expidió hoy el decreto que aplica de forma definitiva el Artículo 32 de la nueva Constitución Federal. Con esta medida, el gobierno formaliza la nacionalización de la flota marítima del país, exigiendo que toda tripulación y mando en barcos nacionales quede en manos de ciudadanos nacidos en México.
En cumplimiento inmediato de esta ordenanza, capitanes mexicanos por nacimiento han tomado posesión oficial de los principales buques mercantes del país:
• José del Carmen Solís asumió el mando del buque México.
• Armando Ascorve tomó las riendas del Coahuila.
• Luis G. Pliego quedó al frente del Tamaulipas.
• Luis Hurtado de Mendoza recibió el Sonora.
• Agustín Cendreros tomó el control del Jalisco.
• Alberto Pawling fue nombrado en el Tehuantepec.
• Agustín Guillén tomó el mando del Puebla.
• Rafael Izaguirre Castañares asumió la dirección del Tabasco.
Unanimidad en el Congreso: El nacimiento del Artículo 32
Este acontecimiento culmina el proceso iniciado en el Constituyente de Querétaro. El dictamen correspondiente se debatió el pasado 19 de enero de 1917, logrando una histórica aprobación por unanimidad de 139 votos. El texto legal quedó establecido bajo los siguientes términos:
“Artículo 32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar cualquier cargo o comisión en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones y primeros maquinistas de los buques mercantes mexicanos, debiendo tenerla, además, los que compongan las dos terceras partes de la tripulación”.

Un día como hoy 27 de mayo, pero de 1977, el Diario Oficial de la Federación publicó el histórico decreto que transformó el antiguo "Palacio Negro" de Lecumberri en la sede del Archivo General de la Nación. Firmado apenas un día antes, este documento oficial marcó el rescate definitivo de una estructura que estaba destinada a la demolición tras el cierre de sus operaciones como penitenciaría. La reconversión del espacio fue posible gracias a la firme intervención de destacados intelectuales de la época, quienes lograron convertir un símbolo de opresión en la casa de la memoria documental del país.